El juicio comenzó en 1988, hace 26 años, y la última sentencia salió hace dos semanas. Un cuarto de siglo no es un lapso que le produzca asombro al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, quien considera que “estamos dentro de los tiempos esperables”. Mientras se concreta el desalojo del predio que ocupa el barrio Ángela Riera -Villa Piolín- la Provincia está en condiciones de depositar el dinero para concretar la expropiación iniciada hace 27 años.

En la sentencia más reciente, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial ordenó a la Provincia el pago de 31.210,599 australes a diciembre de 1984 por una superficie de 14.862,1902 m² (casi 1,5 hectárea). Actualizando los montos al 31 de octubre de este año, el precio que debería pagar la Provincia para quedarse con ese valioso predio es de $1.907.482, 84, según la información brindada por Posse Ponessa a LA GACETA. “Estamos dispuestos a depositar ese dinero cuanto antes y solicitar la posesión. Es casi seguro que la parte demandante casará la sentencia, buscando un monto mayor, pero mientras tanto nosotros ya podemos hacernos cargo del predio”, aseguró el fiscal.

Ese es el final de una historia que comenzó en 1988, cuando la sociedad anónima Industria Frigorífica Argentina (IFA, hoy en quiebra) inició un juicio de expropiación inversa al Estado provincial. Varios fueron los abogados que transitaron por el engorroso expediente 2374/88, hasta que llegó a manos de Aldo Cerutti, uno de los letrados de la Fiscalía. Él resumió el historial de la causa. “En virtud de la ley general 5670/84, que declaraba de utilidad pública todos los terrenos usurpados para vivienda, la Provincia inicia los trámites para expropiar ese predio. Como suele suceder, no había acuerdo con los montos a pagar, entonces en 1988 IFA inicia un juicio de expropiación inversa, exigiendo al Estado que concretara la expropiación. Ese proceso recayó en el Juzgado Civil y Comercial Común I, que falló en primera instancia”, detalló el abogado. Tras varias idas y vueltas, apelaciones e incluso el rearmado del expediente que se había perdido en parte, llegó a la Cámara.

Además de los montos, otros puntos en discusión dentro del proceso fueron la superficie a expropiar y el momento a partir del cual se produjo la desposesión, si en 1984 (cuando se sanciona la ley 5670/84) o en 1987, año en que se firma el decreto de expropiación que luego fue discutido por la empresa, derivando en el juicio. “Según los demandantes, la usurpación comenzó en 1969, pero es algo que nunca pudo comprobarse”, explicó Cerutti.

Posse Ponessa no pudo precisar cuándo se concretará el traspaso de esa propiedad a la Provincia, pero aseguró que se están llevando a cabo las gestiones para realizar el pago. Mientras tanto, la vieja Villa Piolín se desmantela y sus habitantes continúan su éxodo hacia El Manantial.